Con el propósito de que se reconozcan las prácticas profesionales y el servicio social que realizan los estudiantes de nivel superior como experiencia laboral, el diputado Christian Orihuela Gómez presentó a Oficialía de Partes del Poder Legislativo reformas a la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes, a la Ley de Educación y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Debido a que es una constante que terminados sus estudios, los jóvenes al momento de intentar incorporarse a la vida laboral, se encuentran con el obstáculo de que los empleadores solicitan que cuenten con experiencia suficiente para poder laborar en los puestos para los que aplican, generando un desánimo entre los estudiantes, ya que no cuentan con documentos que avalen las prácticas profesionales realizadas o incluso el servicio social, como experiencia laboral, pese a aplicar sus conocimientos, se han vuelto un simple trámite administrativo y no una herramienta para los estudiantes.
El legislador precisó que “8 de cada 10 jóvenes en México, indican que la falta de experiencia y el bajo nivel salarial que ofrecen las empresas son las principales razones del desempleo juvenil, esto ha provocado que en el mejor de los casos los jóvenes trabajen por su cuenta, aunque no les garantice un sueldo fijo; ganando en promedio 5 mil 500 pesos mensuales, siendo casi de la mitad promedio que un egresado gana en una empresa, de modo que tampoco acceden a un servicio de salud y de otro tipo de protección social”.
Orihuela Gómez consideró que encontrar trabajo para los jóvenes se ha vuelto una tarea cada vez más difícil entre los estudiantes de entre 18 y 29 años, ya que muchos de estos, no cuentan con más de 1 año de experiencia en el mercado laboral.
Por otra parte, el legislador informó que, conforme a datos del INEGI, a finales del 2021 Querétaro ocupó el segundo lugar en desempleo a nivel nacional con más de 60 mil queretanos en esta situación.
Por lo que, con estas reformas el diputado Christian Orihuela pretende que, tanto el servicio social como las prácticas profesionales tengan reconocimiento como experiencia profesional mediante la emisión de una constancia por parte de la institución pública o privada, donde se haga constar las habilidades, capacidades adquiridas, temporalidad y recomendación en caso de ser procedente esta última.
